1 de abril de 2023: Comienza el periodo de declaración trimestral del Capital Extranjero en el País.
El plazo para la presentación de la Declaración Trimestral de Capital Extranjero en el País al Banco Central de Brasil (BACEN) para la fecha base de 31 de marzo de 2023 comenzó el 1 de abril de 2023. La declaración es obligatoria para los receptores de inversiones extranjeras directas que, en la fecha base del 31 de marzo del año en curso, tengan activos totales iguales o superiores a 300.000.000,00 reales (trescientos millones de reales). Nuestro equipo de Corporate | M&A está a tu disposición para cualquier aclaración y para ayudarte a cumplimentar la declaración y otros trámites para facilitar la información al BCB. ¿Quieres saber más? ¡Ponte en contacto con nuestro equipo de expertos!
Igualdad de género y participación femenina en las empresas: lo que debes saber
El mes de marzo es ampliamente reconocido como el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8. Esta fecha pretende recordar la lucha de las mujeres por los derechos y la igualdad de género a lo largo de la historia, así como destacar la importancia de la participación femenina en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural. Es una oportunidad para celebrar los logros de las mujeres, reflexionar sobre los retos que aún deben superarse y promover acciones que contribuyan a construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su sexo. La diversidad de género y la participación femenina en el mundo empresarial son cuestiones cada vez más relevantes y urgentes. Aunque se han producido algunos avances en los últimos años, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo sigue siendo un reto al que hay que enfrentarse. La presencia de mujeres en puestos de liderazgo sigue siendo muy baja, incluso en empresas que afirman estar comprometidas con la diversidad y la inclusión. Según una encuesta del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC), sólo el 10% de los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en Brasil están formados por mujeres. Además, las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para progresar en sus carreras, como la desigualdad salarial, la falta de programas específicos de formación y desarrollo y una cultura organizativa que no valora las habilidades y capacidades de las mujeres. Por este motivo, la ONU creó el Pacto Mundial 2030, que desempeña un papel importante en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el entorno empresarial. En este sentido, las empresas que se adhieren al Pacto Mundial 2030 tienen la oportunidad de comprometerse a adoptar medidas concretas para reducir la desigualdad de género en sus operaciones y en toda la cadena de valor. Esto incluye promover políticas de igualdad salarial, desarrollar programas de formación y liderazgo para mujeres, crear un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todos los empleados y colaborar con otras empresas y organizaciones para promover la igualdad de género. Sin embargo, la diversidad de género no es sólo una cuestión de justicia social, sino también de ventaja competitiva y sostenibilidad empresarial a largo plazo. Las empresas que valoran y promueven la diversidad de género suelen tener mejores resultados financieros, mayor innovación y compromiso de los empleados. Esto se debe a que la diversidad de perspectivas, capacidades y experiencias enriquece el entorno laboral y permite a las empresas adaptarse mejor a los cambios del mercado y de la sociedad. Algunas iniciativas que las empresas pueden adoptar para promover la diversidad de género y la participación femenina son: Establece objetivos claros para la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y pon en marcha acciones concretas para alcanzarlos, como programas de tutoría, entrenamiento y desarrollo del liderazgo para mujeres. Aplicar prácticas de contratación que eviten la discriminación de género, como revisar los requisitos del puesto, publicar las vacantes en distintos canales y realizar entrevistas con un equipo multidisciplinar y diverso. Promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres que realicen los mismos trabajos, para valorar las capacidades y aptitudes de las mujeres y garantizar la justicia y la equidad en el lugar de trabajo. Crear un entorno de trabajo integrador y respetuoso que valore la diversidad de opiniones, perspectivas y experiencias, y tenga una política de tolerancia cero frente al acoso y la discriminación. Fomentar la participación femenina en ámbitos tradicionalmente dominados por los hombres, como la tecnología, la ingeniería y las ciencias exactas, mediante programas específicos de formación y tutoría. Además, es importante que las empresas reconozcan la importancia de la diversidad de género como una cuestión estratégica y transversal, que debe abordarse en todas las áreas y niveles de la organización. Esto requiere el compromiso y el liderazgo de la alta dirección, así como sensibilizar y formar a todos los empleados sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. En resumen, las empresas que adoptan políticas de inclusión y diversidad, como la promoción de la igualdad de género, tienden a tener un mayor rendimiento y unos resultados financieros más positivos. Además, un entorno laboral inclusivo puede mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados, contribuyendo a una cultura empresarial más sana y productiva. ¿Quieres saber más? ¡Ponte en contacto con nuestro equipo de expertos!
La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil publica la Resolución nº 178
El 14/02/2023, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) publicó la Resolución 178, el nuevo marco regulador de la actividad de los asesores de inversión (la nueva nomenclatura para los «agentes autónomos»), que sustituirá a la Resolución 16 de 2012. La Resolución en cuestión introdujo algunos cambios en relación con la Resolución derogada, en particular Posibilidad de que el asesor preste servicios a más de un intermediario, poniendo fin a la obligación de exclusividad; Flexibilidad en cuanto al tipo de sociedad adoptado por los asesores de inversiones personas jurídicas, que podrán adoptar otros tipos, además de la forma societaria simple. La denominación de la persona jurídica, así como los nombres de fantasía que se utilicen, deben incluir la expresión «asesor de inversiones» o el acrónimo «AI», y se prohíbe el uso de acrónimos y palabras o expresiones que puedan inducir a error al inversor sobre el objeto social de la empresa; Obligación del asesor de inversiones de identificar a todos los intermediarios por cuenta de los cuales actúa en la prospección y captación de clientes; Obligación de que el asesor de inversiones identifique por cuenta de qué intermediario presta ese servicio; Posibilidad explícita de realizar actividades complementarias relacionadas con los mercados financieros, de capitales, de seguros y de pensiones y capitalización, siempre que no entren en conflicto con sus actividades; Necesidad de informar a los inversores con los que el asesor ya mantenga una relación previa en caso de que el asesor comience a actuar por cuenta de un nuevo intermediario, en las condiciones establecidas en la Resolución, con una advertencia específica sobre los posibles conflictos de intereses a los que el asesor de inversiones pueda verse sometido como consecuencia de la celebración del nuevo contrato, incluidos los derivados de las diferencias en la remuneración del asesor de inversiones por la oferta de productos y servicios y los incentivos financieros asociados a la prospección y captación, para el nuevo intermediario, de inversores con una relación comercial previa con el intermediario original; e Cuando el asesor de inversiones es una persona jurídica, es necesario nombrar a un director responsable, que debe proporcionar toda la información exigida por la legislación y los reglamentos de los mercados de capitales; responder a las solicitudes de información realizadas por la CVM y el organismo de acreditación; y verificar la compatibilidad entre las políticas, normas, procedimientos y controles internos de los distintos intermediarios. Conviene recordar que el asesor de inversiones es responsable de las siguientes actividades (i) prospección y captación de clientes; (ii) recibir y registrar órdenes y transmitirlas a los sistemas de negociación o registro adecuados; y (iii) proporcionar información sobre los productos ofrecidos y los servicios prestados por los intermediarios por cuya cuenta actúan. Según la nueva norma, el suministro de información a que se refiere el punto «iii» incluye las actividades de apoyo, orientación y recomendación de inversión inherentes a la relación comercial con los clientes, debiendo el asesor de inversiones asegurarse de que las recomendaciones que realice sean compatibles con las políticas, normas y procedimientos específicos de los intermediarios en relación con el deber de verificar la adecuación de la inversión al perfil del cliente. La recomendación de inversión mencionada, por tanto, está vinculada al suministro de la información que proporciona el intermediario, es decir, debe ajustarse y limitarse a los productos y servicios recomendados por los propios intermediarios. Como tal, el asesor de inversiones no puede gestionar fondos, actuar como asesor ni analizar los valores de los inversores, sino que sólo es responsable de seleccionar y ofrecer inversiones, siendo el cliente quien toma la decisión final. Por último, es importante aclarar que el intermediario es responsable ante sus clientes y ante terceros de las actuaciones realizadas por el asesor de inversiones que contrata. La Resolución entrará en vigor el 1 de junio de 2023. ¿Quieres saber más? Nuestro equipo de Empresa y Fusiones y Adquisiciones está a tu disposición.
Aprobación anual de las cuentas de la empresa
Hasta el último día de abril de 2023, las empresas cuyo ejercicio social haya finalizado el 31 de diciembre de 2022 deben celebrar una asamblea de accionistas para aprobar las cuentas de los administradores. Es en esta asamblea o junta de accionistas donde se examinan, discuten y votan las cuentas de la sociedad y los estados financieros presentados por los administradores, además de decidir sobre el reparto de los beneficios netos del ejercicio, si los hubiera, y sobre la elección o reelección de administradores, si procede. Así, como actos preparatorios de la asamblea o reunión, es necesario preparar y publicar los estados financieros y convocar a los accionistas para la ocasión. Las normas relativas a la obligación de publicidad, la forma y el plazo de convocatoria, los documentos que componen los estados financieros, entre otros, pueden variar en función del tipo de sociedad (por acciones o limitada), el número de socios, el patrimonio neto, el valor de los activos o los ingresos brutos anuales, o incluso las disposiciones de los estatutos o los reglamentos. La aprobación de las cuentas es una obligación legal aplicable a todas las empresas. Una vez aprobadas las cuentas y los estados financieros sin reservas, los administradores quedan exentos de responsabilidad en relación con los actos realizados dentro de sus competencias y durante el ejercicio cubierto por dicha aprobación. ¿Quieres saber más?
La preocupación de CVM por los ASG y la transparencia
Desde el 2 de enero de 2023, las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a indicar en su Formulario de Referencia si han adoptado o no políticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), un requisito introducido por la Resolución 59 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil. Si la empresa no se ha adherido a las prácticas ASG, debe dar explicaciones por no divulgar información ASG e indicadores clave de rendimiento, por no auditar ni revisar la información ASG divulgada, por no adoptar recomendaciones relacionadas con cuestiones climáticas y por no realizar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. En el mismo sentido, en lo que respecta a los Fondos de Inversión, el nuevo marco normativo – Resolución CVM 175, que entró en vigor el 3 de abril de 2023, estableció que los fondos de cualquier categoría cuyo nombre contenga referencia a factores ambientales, sociales y de gobernanza, como «ASG», «ASG», «ambiental», «verde», «social», «sostenible» o cualquier otro término relacionado con las finanzas sostenibles, deben establecer: I – qué beneficios medioambientales, sociales o de gobernanza se esperan y cómo pretende conseguirlos la política de inversión; II – qué metodologías, principios o directrices se siguen para la calificación del fondo o clase; III – qué entidad es responsable de certificar o emitir una segunda opinión sobre la calificación, en su caso, así como información sobre su independencia en relación con el fondo; y IV – especificación sobre la forma, contenido y frecuencia de divulgación del informe sobre los resultados medioambientales, sociales y de gobernanza conseguidos por la política de inversión en el periodo, así como identificación del agente responsable de elaborar el informe. Si la política de inversión integra factores medioambientales, sociales y de gobernanza en las actividades relacionadas con la gestión de la cartera, pero no pretende generar beneficios socioambientales, se prohíbe el uso de los términos anteriores. Las iniciativas proambientales basadas en la ética y la sostenibilidad, un alto nivel de transparencia y la responsabilidad corporativa se han tratado como preocupaciones especiales del regulador con un sistema funcional de gobierno corporativo, capaz, por ejemplo, de dificultar que las partes interesadas condenen comportamientos como el lavado verde, y atraer así la confianza (y los recursos) de los inversores potenciales.