Desde el 2 de enero de 2023, las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a indicar en su Formulario de Referencia si han adoptado o no políticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), un requisito introducido por la Resolución 59 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil.
Si la empresa no se ha adherido a las prácticas ASG, debe dar explicaciones por no divulgar información ASG e indicadores clave de rendimiento, por no auditar ni revisar la información ASG divulgada, por no adoptar recomendaciones relacionadas con cuestiones climáticas y por no realizar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras.
En el mismo sentido, en lo que respecta a los Fondos de Inversión, el nuevo marco normativo – Resolución CVM 175, que entró en vigor el 3 de abril de 2023, estableció que los fondos de cualquier categoría cuyo nombre contenga referencia a factores ambientales, sociales y de gobernanza, como «ASG», «ASG», «ambiental», «verde», «social», «sostenible» o cualquier otro término relacionado con las finanzas sostenibles, deben establecer: I – qué beneficios medioambientales, sociales o de gobernanza se esperan y cómo pretende conseguirlos la política de inversión; II – qué metodologías, principios o directrices se siguen para la calificación del fondo o clase; III – qué entidad es responsable de certificar o emitir una segunda opinión sobre la calificación, en su caso, así como información sobre su independencia en relación con el fondo; y IV – especificación sobre la forma, contenido y frecuencia de divulgación del informe sobre los resultados medioambientales, sociales y de gobernanza conseguidos por la política de inversión en el periodo, así como identificación del agente responsable de elaborar el informe.
Si la política de inversión integra factores medioambientales, sociales y de gobernanza en las actividades relacionadas con la gestión de la cartera, pero no pretende generar beneficios socioambientales, se prohíbe el uso de los términos anteriores.
Las iniciativas proambientales basadas en la ética y la sostenibilidad, un alto nivel de transparencia y la responsabilidad corporativa se han tratado como preocupaciones especiales del regulador con un sistema funcional de gobierno corporativo, capaz, por ejemplo, de dificultar que las partes interesadas condenen comportamientos como el lavado verde, y atraer así la confianza (y los recursos) de los inversores potenciales.